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lunes, 20 de marzo de 2017

CULTURA POLÍTICA Y CAMBIO POLÍTICO EN MÉXICO (I)

Causas de la hegemonía priista


     México inició el siglo XX con una revolución que significó todo un cambio político, económico y social, que buscaba transformar el Estado para lograr mayores oportunidades principalmente para las clases bajas de la sociedad. México se ha caracterizado a lo largo de su historia por una fuerte división social y clasista; “El prejuicio social se extendía también a la situación económica: los que estaban más abajo en la escala racial terminaban en la parte más baja de la escala económica.” (Ai Camp; 2000:41). Estas divisiones de clases, se hicieron significativas en la revolución mexicana, ya que este fue un movimiento encabezado por millares de campesinos, trabajadores mestizos oprimidos y algunos indios, quienes se unieron en un gran movimiento social en búsqueda de justicia social (Ai Camp; 2000:41). Sin embargo, a pesar que la revolución mexicana tuvo como objetivo la búsqueda de mejoras para los grupos bajos de la sociedad, en la época posrevolucionaria las distinciones de clases continuaron siendo nítidas, los grupos de ingresos bajos de igual manera iban a tener una representación escasa no solamente en las funciones políticas dirigentes, sino también iban a tener poca protección frente a los abusos de las autoridades gubernamentales y la ley no siempre los iba a tratar como iguales (Ai Camp; 2000:42).

     La revolución mexicana, fue un gran movimiento social que logró desplazar las estructuras de poder vigente y creo las bases para un nuevo Estado nacional con mayor integración social, cultural y económica (Gómez Tagle; 2000:18). Las huestes revolucionarias que se hicieron con el poder en 1917, implantaron una constitución de corte liberal que consagra la existencia de una república democrática (Duarte Moller y Jaramillo Cardona; 2009:152). De esta manera, el marco constitucional que se instaló en México, iba a seguir los ideales y espíritu de la revolución, que buscaba la existencia de un ejecutivo fuerte, capaz de garantizar el cumplimiento de la Carta Magna; sin embargo, en el México posrevolucionario nos encontramos ante un régimen autoritario en el que el ejecutivo avasalló al resto del sistema político y a la sociedad (Durand Ponte; 2004:41). A pesar que en México, se implantó una constitución republicana y federal que consagra las garantías y derechos individuales junto con las elecciones libre para los cargos públicos de presidente, diputados, legisladores y gobernadores, durante esta época, México se encontraba ante un régimen autoritario. Durante el régimen unipartidista posrevolucionario no existía un arraigo hacia los derechos individuales, ni tampoco del equilibrio de poderes, ni funcionamiento de la república, tampoco se le pedía cuentas al presidente, simplemente se aceptada su autoridad suprema (Durand Ponte; 2004:50). El régimen posrevolucionario, desarrolló todo un sistema institucional y normativo, formal e informal, encabezado por un presidencialismo todopoderoso, que dotó a los gobernantes de amplios recursos simbólicos, legales, políticos y económicos, que les permitía acumular todo el poder para sí mismo (Durand Ponte; 2010:68). La constitución sólo se cumplía hasta donde no pusiese en peligro la hegemonía del régimen (Duarte Moller y Jaramillo Cardona; 2009:153). En este sentido, tenemos que el sistema político que se consolidó en el México posrevolucionario, se caracterizó por ser un sistema unipartidista y presidencialista altamente centralizado.

     Con la revolución mexicana, se buscaba no solamente un estado de mayores oportunidades para los grupos más bajos de la sociedad, sino también se encontraba la aspiración de lograr el sufragio para acabar con la dictadura de Porfirio Díaz y así lograr una alternancia y pluralidad en el poder. Sin embargo, el régimen posrevolucionario logró desarrollar todo un aparato electoral junto con un sistema de partido que les permitió competir con mucha ventaja ante los partidos de oposición, lo que daba a su vez una falsa imagen de vida electoral democrática (Durand Ponte; 2004:48). Aunque pudo haber elecciones, éstas estaban planificadas y controladas para lograr la supremacía del régimen priista en el poder. El régimen posrevolucionario que se instaló en México, adoptó las características de un régimen autoritario en el que las elecciones fueron un mero ritual para legitimar al grupo en el poder (Duarte Moller y Jaramillo Cardona; 2009:153).  De esta manera, a raíz de sus frecuentes elecciones que legitimaban a sus gobiernos y que permitieron la hegemonía unipartidista del PRI durante más de 70 años, el sistema político mexicano fue caracterizado como “la dictadura perfecta” (Holzner; 2007: 70).

     El régimen posrevolucionario se mantuvo no solamente a través del control de las instituciones, sino también logró crear todo un aparato burocrático que les permitía controlar a la mayor parte de la población. Logró articular a las corporaciones sindicales o campesinas al partido oficial, lo que le permitió ejercer control no solamente sobre la pluralidad social, sino también sobre la representación popular junto con su movilización o acción colectiva independiente (Durand Ponte; 2004:48). De igual manera, iba a utilizar el corporativismo como herramienta para establecer el autoritarismo y controlar a la población. El corporativismo articulaba al conjunto de las organizaciones gremiales del país, y organizaba a la sociedad articulando las bases de los trabajadores de la industria o de los servicios públicos y privados, de los campesinos y propietario del campo, de los empresarios, de la clase política, y que con excepción de los empresarios, en los tres sectores que conforman el partido oficial, el popular, el obrero y el campesino (Durand Ponte; 2009:125). El nuevo régimen corporativo autoritario, conformó una espesa burocracia dentro de la “sociedad civil” que acaparó la representación de los ciudadanos frente al Estado (Durand Ponte; 2009:127).

     Durante la hegemonía priista, el régimen desarrolló un conjunto de políticas populistas que les permitió controlar y manipular a las masas, principalmente a los sectores marginales y de más bajos recursos de la sociedad mexicana. Las relaciones clientelares que habían sido sustento del sistema político mexicano, hacían de la pobreza uno de los elementos que favorecían el mantenimiento de la hegemonía del partido oficial (Eugenia Valdés y Gómez Tagle; 2000: 10). De esta manera, es posible observar como el régimen impulsó un modelo de desarrollo económico, caracterizado por grandes inversiones del Estado en proyectos económicos y de desarrollo social, que a su vez creó grandes lazos institucionales entre el Estado y los grupos sociales, fomentando así la idea que las acciones dirigidas por el Estado eran las mejores, por lo tanto, la figura del Estado y sus acciones iban a ser vistas como la mejor estrategia para resolver los problemas individuales y colectivos, exaltando la figura del Estado y creando un paternalismo en torno a éste (Holzner; 2007: 82). El gobierno lograba aceptar o nulificar las demandas de las clases populares y las incorporaba al discurso político populista, rehaciendo constantemente el compromiso de los gobiernos con los intereses populares y satisfaciéndolas materialmente, aunque sea de manera mínima y dentro de esquemas con frecuencia clientelares, que se sumaban a la existencia de una cultura política de masas tradicional y autoritaria, que dotó al régimen del apoyo de la mayoría de los mexicanos (Durand Ponte; 2010:68). Durante esta época, la participación política de grupos populares solamente se promovían cuando demostraban apoyo al régimen, en el que incluso se toleraban cuando el fin era conseguir apoyo material o financiero del gobierno, aunque no se toleraba ningún intento de reformar el sistema político el cual era reprimido violentamente (Holzner; 2007: 70).

     Durante más de setenta años, México vivió bajo un régimen unipartidista y presidencialista. En México se reprimía a la disidencia y manifestaciones públicas de rechazo al régimen. La población no podía manifestar públicamente sus demandas ciudadanas (masacre de aguas blancas), se reprimían a los estudiantes (represión estudiantil de 1968), el derecho y las libertades individuales no existían, se controlaban a los sindicatos (los sindicatos, controlados por el partido de gobierno, no estaban para representar y defender los derechos de los obreros, sino más bien para controlar a los trabajadores, promoviendo el chantaje), se reprimían a los sectores de la oposición; “La hegemonía fue alcanzada con habilidad política, con un diseño institucional eficiente para los fines de la dominación, pero también a sangre y fuego y, desde luego violentando las reglas del derecho.” (Durand Ponte; 2004:48). Sin embargo, más allá del fuerte control y represión ejercidos por el régimen posrevolucionario y de todas las políticas y gestiones aplicados para mantener su hegemonía, las causas de la hegemonía unipartidista del régimen priista, no se limitan al férreo control y represión ejercidos ni tampoco por el control de la sociedad.

     Las causas de la larga permanencia del régimen priista no se limitan al férreo control y represión ejercidos sobre la sociedad. Este tipo de controles ejercido sobre los ciudadanos, los encontramos en todas las sociedades. No hay sociedad que no ejerza fuertes medidas de control sobre sus ciudadanos. Todas las sociedades necesitan un férreo control sobre sus ciudadanos para poder funcionar, tener estabilidad y mantener el orden establecidos. Por lo tanto, ninguna sociedad puede sobrevivir sin la imposición de las leyes, valores y modos de comportamiento, ni tampoco sin tener un poder político capaz de utilizar la fuerza y la represión cuando los ciudadanos por sí solo no obedezcan la ley, ni a los valores y modos de comportamiento impuestos necesarios para conservar el orden; el poder político utiliza la fuerza y la represión para preservar el orden y la estabilidad política y social. En este sentido,  las medidas y políticas aplicadas por el régimen priista, aunque pudieran obedecer a distintos motivos, sin embargo, lograban conservar el orden y la estabilidad dentro de la sociedad mexicana.

     Durante el régimen priista unipartidista y autoritario, existía una estabilidad política, que legitimaba no solo su permanencia en el poder, sino también las políticas y medidas aplicadas; “En el contexto de una continuidad institucional que en aquel entonces parecía envidiable a los ojos de los demás países latinoamericanos, esta combinación permitía que el sistema autoritario en México se reclamara legítimo.” (Peschard; SF:190). El poder político en una sociedad, es el único poder legitimado para emplear la fuerza y la represión sobre los individuos, sin embargo, esta legitimidad descansa en los mismos individuos (al menos en la gran mayoría de ellos), ya que al estar sometido ante un régimen al que no consideran legítimo, se originaria un estado de inestabilidad política y social. En este sentido, si el régimen priista se mantuvo solamente por las medidas represivas y de control, ha de suponerse la existencia de tensiones e inestabilidad política y social, algo que no ocurría en México, porque aunque pudieron existir movimiento y reclamos en contra del gobierno, la hegemonía priista en México contaba con una estabilidad política envidiable en el continente. En México pudieron haber existidos tensiones y conflictos, pero nunca hubo un estado de crisis política especial, ni tampoco el régimen priista experimentó algún peligro real; “En el periodo desde 1929 hasta 2000 muy pocos movimientos sociales, si acaso hubo algunos, contaron con la simpatía de la mayoría de la población.” (Durand Ponte; 2004:49). Por lo tanto, tenemos que el régimen autoritario no se desplomo por una crisis de legitimidad, porque a pesar de las crisis política y económica, el PRI seguía manteniendo la mayoría de las votaciones, hasta nuestros días: “Es verdad que se fueron debilitando, que el partido oficial perdía terreno, pero hasta la elección de 2000 siempre obtuvo más del 50% de los votos válidos.” (Durand Ponte; 2004:38). A pesar de que México vivió bajo un régimen autoritario, y que además no distribuía de manera equitativa el desarrollo económico en toda la población, sin embargo, existía una estabilidad política conocida como la “paz del PRI”:

           Sin embargo, y a pesar de ser un fenómeno generalizable, no deja de sorprender que el régimen autoritario como el que privó en México hasta el año 2000 contara con una legitimidad tan amplia, al menos hasta 1988, especialmente cuando los sectores de la población que más apoyaban al gobierno y al partido oficial, el PRI, eran los más perjudicados en sus intereses económicos y políticos (Durand Ponte; 2004:38).

     Aunque las políticas aplicadas por el régimen priista puedan ser consideradas por muchos como hostiles y que van en detrimento de los individuos, sin embargo, la mayoría de los mexicanos pensaban distinto; “A diferencia de otros pueblos que viven o vivieron bajo regímenes autoritarios y tuvieron una clara conciencia de ello, en México la mayoría de los ciudadanos no tenían la capacidad de ver la naturaleza de su régimen o tienen una imagen diferente.” (Durand Ponte; 2010:71). En México existía un régimen que restringía los espacios de participación democrática y aunque los mexicanos reconocían las dificultades para influir en la toma de decisiones política, sin embargo, daban su respaldo al sistema no tanto a nivel de políticas particulares, sino más bien a través de consensos pasivos hacia el régimen (Peschard; SF:190). De esta manera, el régimen priista no solamente se mantuvo como la única fuerza hegemónica durante más de setenta años, sino que además hoy día permanece como la principal fuerza política del país norteamericano:

           El caso mexicano es típico, el PRI sobrevivió, mantuvo sus privilegios, es en el plano nacional la fuerza que controla el mayor número de posiciones de poder —sea en el Legislativo o en los gobiernos estatales y municipales— y sus prácticas autoritarias se reproducen aún en gran parte del territorio. (Durand Ponte; 2007: 160).

     Más allá del control de las instituciones y de los sectores de la sociedad junto con la represión ejercida por el régimen priista, tenemos a una sociedad que no solamente se comportaba de manera pasiva ante las política del régimen, sino que además aceptaba y en su mayoría brindaba apoyo al régimen, lo que le daba a este último estabilidad y legitimidad, que a su vez permitió afianzarse en el poder durante más de setenta años. Sin embargo ¿cuál es la naturaleza de esta pasividad, aceptación y apoyo que mostraban la mayoría de los mexicanos ante las medidas y políticas aplicadas por el régimen priista?

     La legitimidad y estabilidad con la que contó el régimen priista obedece a razones estructurales, que la encontramos en la cultura política de sus ciudadanos. La cultura política de los ciudadanos, es la que legitima o no las políticas y medidas de cualquier régimen, es la que genera estabilidad o no ante cualquier medida de represión ejercida o ley aplicada, es la que acepta o no la imposición de ciertas leyes y régimen, es la única que puede generar un estado de conflicto y confrontación que conlleve a un cambio de políticas, es la que puede generar revoluciones y cambios de gobierno. La cultura política, es la que asegura a través de la aceptación, apoyo o pasividad la permanencia o no de un régimen político. Cuando una cultura política se adapta o identifica con el régimen vigente, se origina un estado de estabilidad política, en la que el régimen asegura hasta cierto punto su permanencia; “La bibliografía politológica señala que cuando la cultura política dominante se ajusta a las necesidades del sistema institucional, se asegura en mayor medida la continuidad de dicho sistema.” (Martín Puig; 2012:868). Este fue el caso mexicano durante la hegemonía priista, en donde encontramos una cultura política que resultaba idónea para la permanencia del régimen en el poder; “Esa cultura posibilitaba la aceptación del presidencialismo fuerte y de su capacidad de transgredir la ley o los derechos individuales en nombre de principios también tradicionales.” (Durand Ponte; 2004:49).  La cultura política de los años sesenta y setenta en México, iba acorde con la manera en el que funcionaba la estructura política, lo que le daba estabilidad al sistema político y fue lo que permitió la hegemonía priista, por tal motivo el régimen autoritario permaneció por tanto tiempo en el poder: 

           El modelo de The Civic Culture sirvió para el estudio de Robert Scott en el que pretendía explicar, a través del análisis de los patrones de operación de la política mexicana, de qué manera valores y creencia muy arraigados en México explican la estabilidad del sistema político. Dicho de otra manera, los patrones culturales vigentes en ese entonces eran determinantes para el funcionamiento y la permanencia de las estructuras políticas del país. (Peschard; SF: 190).


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